Amín y los ex policías (quienes integraron el Comando Atila, el grupo parapolicial del Malevo Ferreyra) intentaban apropiarse de unos territorios de la comunidad y fueron filmados cuando mataron a Chocobar. Tras 9 años de movilización, Amín, Gómez y Valdivieso fueron condenados a 22, 18 y 10 años de prisión respectivamente. Las condenas fueron menores a la que esperaban los familiares, miembros de la comunidad perteneciente al Pueblo Nación Diaguita.
Tras cumplirse los 24 meses de prisión preventiva previstos por la ley, los jueces María Fernanda Bahler, Wendy Kassar y Emilio Páez de la Torre establecieron la excarcelación bajo caución para los condenados. Desde la familia Chocobar se había solicitado una prórroga hasta que la sentencia quede firme, pedido desestimado por la fiscalía.
Actualmente denuncian que "el Poder Judicial, blanco, occidental y fascista" hace oídos sordos a su grito de justicia. Afirman que se hace prevalecer el poder de los terratenientes por encima de los derechos humanos y ancestrales que tienen como pueblos originarios. Agregan que el relator del juez que debe decidir (Estofán) es un terrateniente que tiene conflictos con pueblos originarios, su nombre es Fernando López Zavalía.
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