Por Carlos Zelarayán, director de la Editorial de la Universidad Nacional de Avellaneda. Enfrentamos una catástrofe radical. Un “hecho social total”, para decirlo con la peculiar definición que le diera Ignacio Ramonet. Un acontecimiento de tal magnitud demanda una reflexión tout court, la posibilidad de pensar —entre otras cosas— a la política más allá de una solución sanitaria, incluso más allá de los estragos que padece una porción significativa de la población mundial. La Covid-19 ha descuadernado el curso general del mundo y alterado las significaciones sobre las que ese mundo transcurría en olor de normalidad.
Ya desde mediados de la década de los años setenta (cuando se fue perfilando más claramente) oímos hablar del concepto de globalización como un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial cuyo núcleo central consistiría en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, sus mercados y una serie de transformaciones sociales y políticas. Es la globalización la que abrió las puertas a la revolución informática, hasta llegar a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones nacionales e internacionales. Se la caracterizó por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial con modos de producción y movimientos de capital configurados a escala planetaria, y un rol decisivo de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales junto con la implantación definitiva de la sociedad de consumo.
Sin embargo, quizá sea la pandemia provocada por el coronavirus quien haya puesto al capitalismo, por primera vez en la historia, frente a una catástrofe sanitaria mortal de escala global que puso al descubierto sus fábulas constitutivas. ¿O acaso es posible observar algún organismo mundial o pacto internacional o acuerdo entre Estados que sea realmente eficaz para controlar y detener la pandemia?
Entre las muchas cuestiones que se le plantearon al presidente Alberto Fernández (AF) referidas a las consecuencias del aislamiento social, preventivo y obligatorio, una —cada vez más recurrente— es la referida a la economía. El presidente respondió, ya desde el primer momento, más o menos en estos términos: “Muchos me decían que iba a destruir la economía con la cuarentena. Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida. Después veremos cómo ordenar la economía”. Esa respuesta tuvo una altísima eficacia y aceptación en la primera fase del aislamiento.
Ya en la segunda fase (pos conferencia de prensa del viernes 10 de abril), podríamos decir que se ha visto sensiblemente afectada. Por las presiones desembozadas, obscenas, impiadosas del establishment, en primer lugar. Y, también, por las voces cada vez más estruendosas del campo propio, para situar en esa denominación a quienes podríamos mencionar como lxs votantes del FdT más quienes se sumaron a la enorme aceptación social que tuvo la primera fase de la cuarentena y que no habían votado a AF. Con particular énfasis: profesionales, comerciantes, “emprendedorxs”, cuentapropistas, etc.
Aquella primera respuesta ya adolecía de un problema que, a estas alturas, no solo se ha hecho más evidente, sino que ha asumido expresiones dramáticas: separar la economía de la cuestión sanitaria. Para decirlo siguiendo a F. de Saussure: pretender separar el anverso y el reverso de una hoja de papel.
Es un juego perverso que tiene, para quienes están comprometidxs con la construcción de un clima destituyente, múltiples beneficios. El primero es el de “lavarle la cara” a esta fase criminal, a su responsabilidad excluyente respecto de la situación en que debemos afrontar esta pandemia, y a dar por confirmado que aún es posible y necesario, y una vía única, además, continuar separando a la economía de la vida. En efecto, esta fase se ha caracterizado, entre otras muchas cosas, por presentar un capitalismo ilimitado, voraz, cuyo presente es infinito y “capaz” de producir ganancias colosales sin recurrir, para ello, a los incómodos entresijos de la producción y del desarrollo humano. Una fase de deshistorización, de “abolición del sujeto”, de entronización del individuo empresario de sí mismo, que debe abrirse paso como sea para garantizar su supervivencia… “empresa” que, de fracasar, lo tendrá como único responsable.
Cuando aceptamos la separación entre economía y salud, cuando habilitamos la pregunta sobre “la economía” escindida de las decisiones sobre el modo de atenuar las consecuencias de la pandemia, contribuimos con el coro siniestro del establishment, y enflaquecemos la indispensable convicción de la sociedad para seguir garantizando el aislamiento y, así, el mayor número posible de sobrevivientes.
Pero, además, estamos desoyendo el fundamento mismo de nuestras convicciones doctrinarias. En los textos fundamentales del peronismo (pienso ahora, en el apresuramiento de estas líneas, en La comunidad organizada y América Latina Ahora o Nunca, por ejemplo), están las bases nucleares de una concepción humanista que, desde el punto de vista jurídico, encontraron su versión más acabada en la Constitución de 1949. Repasemos un momento tres de sus artículos:
Art. 38: La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. […]
Art. 39.- El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino.
Art. 40. - La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución (fragmentos; los destacados son míos).
Frente a las insistentes preguntas en torno “a la economía”, ¿no podríamos enfatizar que, para nosotrxs, no hay otra economía que la de las vidas en peligro?; ¿qué otra contabilidad sería posible cuando todo esto haya pasado?; ¿cómo podríamos afrontar la durísima tarea de reconstrucción sobre la base de decenas de miles de muertes y una sociedad moralmente quebrada? Aun el proyecto de ley para obligar a los sicarios beneficiarios de estos años de oprobio, a que pongan ¡el uno por ciento! de lo que robaron, un porcentaje casi ridículo del saqueo para afrontar una pandemia atroz, de consecuencias inciertas, ese gesto mínimo es carne de operaciones, de presiones, de una mezquindad ajena a cualquier atisbo de dignidad elemental. Ese es el escenario por el que presionan los buitres del neoliberalismo y sus caranchos de izquierda y de derecha.
Por nuestra parte, deberíamos radicalizar, en afirmación de nuestras propias convicciones doctrinarias, que no hay otra economía posible que una economía de raíz humanista. El totalitarismo neoliberal se propuso una auténtica mutación estructural que se apoyó en una tríada tan siniestra como eficaz: el poder económico concentrado, que vino a ocupar directamente las oficinas del gobierno central, el poder comunicacional (no menos concentrado) y el Poder Judicial. Una tríada devastadora que no tiene que pasar jamás por el —siempre incómodo— cedazo de la voluntad popular. Este nuevo totalitarismo se propuso (como indispensable razón de supervivencia y eficacia) arrasar cualquier rastro de historicidad y/o politicidad, cualquier atisbo que recuerde los legados simbólicos, las tradiciones emancipatorias, las huellas preciosas que la praxis nacional-popular forjó para prefigurar nuestros mejores sueños de justicia y de igualdad. Solo así podían conjugar los verbos de la destrucción y del saqueo.
Pues entonces recuperemos nuestros verbos. No pisemos “la cáscara de banana” de esta escisión tan interesada como criminal. Reflexionar acerca de esta (falsa) disyuntiva es inseparable de proyectar las grandes cuestiones que habremos de afrontar con base en una experiencia de un espesor histórico sin precedentes, a la que será necesario volver a pensar a partir de una concepción que, además de recoger el valor indiscutible de nuestro legado, se proponga recrearlo para transitar con solidez y perspectiva el tiempo por venir.
La Constitución de 1949 no fue, por si hiciera falta subrayarlo, un mero instrumento jurídico. La orientación filosófico-política y la fisonomía técnico-jurídica del texto se proponían institucionalizar un proyecto humanista. Un proyecto de las grandes mayorías populares que haga posible transformar la política en historia. Perón sostenía que el concepto moderno de una nación democrática en marcha impone, en primer término, la distribución equitativa de la riqueza que su suelo produce. Para ello debemos ir pensando en la necesidad de organizar nuestra riqueza, que hasta ahora está totalmente desorganizada, lo que ha dado lugar que hasta el presente el beneficio de esta riqueza haya ido a parar a manos de cuatro monopolios, mientras los argentinos no han podido disfrutar siquiera de un mínimo de esa riqueza. Eso implicó enfrentar el condicionamiento socio-económico, que es lo que impide la vigencia de los más elementales derechos humanos básicos: el trabajo, la salud, la vivienda y la educación.
El presidente de los argentinos en aquellos años virtuosos de la vida nacional había comprendido la necesidad de suplir la antigua fórmula de libertad, igualdad y fraternidad por la de la libertad, la justicia y la solidaridad, prefigurando el concepto de democracia social.
El art. 35, por ejemplo, dice:
los derechos y garantías reconocidos por esta Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, pero tampoco amparan a ningún habitante de la Nación en perjuicio, detrimento o menoscabo de otro. Los abusos de esos derechos que perjudiquen a la comunidad o que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, configuran delitos que serán castigados por las leyes.
La disyuntiva no es “la bolsa o la vida”.
Es la vida. La digna vida que merecemos vivir.
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