Editorial Ateneo 27 de Octubre. El recurso per saltum (salto de instancia) o recurso extraordinario ante la corte suprema implica la posibilidad de saltear instancias cuando existe “gravedad institucional”.
El objetivo es no perder tiempo en instancias intermedias, ya que terminará definiendo la corte suprema.
Hay gravedad institucional cuando en un caso se debaten intereses que exceden a los de las partes y los efectos de la decisión se proyectan sobre el conjunto de la sociedad y de las instituciones. Nos interesa a todos.
La ley que consagró el per saltum (26.790) fue sancionada durante el gobierno nacional de Cristina Kircner el 30/12/2012.
La sanción de esta ley no puede desprenderse de su contexto: el debate ocasionado por la ley de medios (ley de servicios de comunicación audiovisual – 10/10/2009).
La ley de medios distribuía la palabra, afectaba intereses de las grandes corporaciones y fomentaba la competencia. Ergo, fue judicializada desde un inicio por el Multimediático Grupo Clarín y por la política adicta a intereses mezquinos y antipopulares.
En la práctica nunca entró en vigor y le pusieron trabas en su objetivo.
En ese contexto el per saltum era útil y hasta necesario para no perder tiempo con chicanas cautelares eternas de los grupos poderosos.
La corte de justicia de la nación rechazó el per saltum solicitado por el gobierno nacional. Se fundó en el eufemismo que la presentación del recurso no se encontró debidamente fundada y que, por lo tanto, se pudo determinar sobre qué asunto debía resolver y se reunían los requisitos. Se sacó el problema de taquito…! Todo el mundo sabía de qué trataba el recurso.
Al asumir el presidente Macri, más precisamente 19 días después de asumir (29/12/2015), derogó -en la práctica- la ley de medios a través de un Decreto 267/2015. En buen romance, eso se dice “se pasó las instituciones y la legalidad por el forro de…”.
Hoy, la corte suprema acepta tratar este recurso per saltum en tiempo récord, el contexto es igual de claro.
En la corte suprema hay dos (de cinco) jueces que fueron designados por decreto por el presidente Macri (uno de ellos el ex abogado de Clarín), que tienen que resolver la situación de otros dos jueces designados por decreto por el Presidente Macri… y esto solo en la Corte. No hablemos del resto de la justicia nacional (fiscales y jueces espías, corruptos, denunciados, procesados, etc.).
La justicia provincial tucumana da muestras de estar igual o peor. El escándalo entre los jueces Pedicone y Leiva da cuenta de ello.
Las leyes y la instituciones no son otra cosa que pautas de convivencia (sin desconocer que hay leyes injustias, ilegítimas, dirigidas, etc.).
Con la inobservancia de las normas de convivencia (anomia), hay degradación en todos los órdenes. Es la ley la selva. Gana el más fuerte. Solo tenemos que asomar la mirada por la ventana y ver el mundo, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra cuadra. La consecuencia es la desigualdad; la desigualdad es apabullante y escandalosa.
Lo importante está detrás de estas operetas judiciales. Lo que está detrás es la puja distributiva.
Para avanzar en una mejor distribución de los recursos, con una mirada a mediano y/o largo plazo, se debe hacer pisando en sólido.
El que se vayan todos apolítico preperonista, la desestabilización y el aquelarre institucional siempre fueron el río revuelto en que ganó la oligarquía... y lo sigue haciendo.
La Suprema Corte ha sido la garante de ese esquema.
Desde ese punto de vista, recobra vigencia el debate sobre la reestructuración/reforma del poder judicial.
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