La crisis social y la represión policial no cesan en Colombia. Este martes 25 de mayo la represión llevada a cabo por El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en la ciudad de Tuluá terminó con la vida del joven estudiante de derecho Camilo Arango. Además, resultaron heridos de gravedad decenas de manifestantes en toda Colombia. En este marco, la ONU expreso su preocupación por la muerte de Arango y la escalada de violencia.
Otros cuatro muertos en la región de Cali reviven la tensión en Colombia. La violencia volvió a instalarse en la región de Cali con al menos cuatro muertos, en medio de las protestas que desde hace un mes se registran en Colombia y mientras crece la tensión en las calles por la falta de un acuerdo entre los manifestantes y el Gobierno.
Hasta el momento las conversaciones entre el equipo negociador del gobierno de presidente Iván Duque y el Comité Nacional del Paro (CNP) no encuentran una solución al conflicto. A su vez se continúan visibilizando denuncias de violaciones a los derechos humanos en diferentes ciudades que fueron protagonistas de protestas. Por su parte, organizaciones en defensa de los derechos humanos publicaron un informe donde denuncian la existencia de posibles fosas comunes en el área rural de Buga y Yumbo y la existencia de asesinatos de militantes por parte de las fuerzas de seguirdad. El documento fue divulgado por el Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
“Desde el pasado 13 de mayo de 2021 nuestras organizaciones han recibido relatos absolutamente escabrosos y delicados que hieren la conciencia de la humanidad por el comportamiento y las prácticas policiales, que reflejan la gravedad de las consecuencias que la mentalidad y las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado genera al definir como ‘vándalos terroristas’ a los jóvenes manifestantes víctimas y blancos directos de planes criminales”, denunció el reporte de los organismos de derechos humanos.
Además, añadió: “Desde el 14 de mayo se conocieron las primeras versiones de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo en donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños”.
Asimismo, el documento indicó: “Días atrás una nueva fuente compartió información más precisa de esta delicada información, indicando que el domingo 2 de mayo, el CAM fue usado como un centro de operaciones encubiertas. Algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos, horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas. Dos fuentes posteriores informaron de la movilidad de camiones que, al parecer, hacen parte de los medios que usa la policía para su movilidad. En algunos de estos se habrían llevado jóvenes en horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí, en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos”.
Finalmente, el reporte sintetizó: “Las dinámicas de represión se han ido sofisticando en estos casi 25 días con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal. Dada la ausencia de garantías solicitamos a los entes de investigación y de protección del Estado y en especial a la Unidad de Búsquedas de Personas dada por Desaparecidas, desarrollar su actividad con base en la información inicial pública”.
En este marco, de acuerdo a los cotejos realizados por la Universidad del Valle, hasta el momento 120 personas detenidas se encuentran desaparecidas. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación sostiene que son 290 las personas halladas, que habían sido reportadas como "no localizadas", y que todavía buscan a otras 129.
3 cosas que se piden en las protestas más allá del logrado retiro de la reforma tributaria (y la renuncia del ministro Carrasquilla)
1. Una economía más igualitaria
Por mucho esfuerzo que haga Duque para destacar el valor asistencialista de su reforma, sus iniciativas económicas cuentan con un problema quizá irremediable: la desconfianza.
Duque es un aliado férreo del sector privado, viene de un partido conocido por su carácter terrateniente y su ahora exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es famoso por su ortodoxia neoliberal a favor de las grandes empresas.
Duque, el Centro Democrático y, sobre todo, Carrasquilla representan como pocos el modelo económico que las protestas buscan enterrar.
Aquel que le ha permitido al país una estabilidad macroeconómica durante un siglo, pero lo gradúa como el segundo más desigual de América Latina y el séptimo en el mundo, según cifras del Banco Mundial.
Para los manifestantes del Paro, la economía colombiana está anclada en el clientelismo político que ha eximido de impuestos y competencia abierta durante años a los grandes oligopolios del banano, el azúcar y la minería, entre otros.
Así que un cambio de ese modelo desigual y excluyente —que para muchos requeriría una mayor democratización de la salud y la educación— está en el corazón de este movimiento de protesta.
Sectores de la oposición y los manifestantes del Paro pedían la renuncia de Carrasquilla. Y lo lograron en una segunda victoria que pueden celebrar los manifestantes.
Pero, para ellos, con tumbar el ministro no es suficiente: esperan medidas que luchen contra la desigualdad, la pobreza y el clientelismo.
2. Una reforma a la policía
La desconfianza de los manifestantes hacia el gobierno sobrepasa el ámbito económico: se manifiesta también hacia la fuerza pública, una institución clave en un país con 60 años de conflicto armado a sus espaldas.
En septiembre de 2020, el asesinato de 13 personas durante la represión policial de dos jornadas de protesta en Bogotá generó un debate profundo en el país: la necesidad de una reforma a la policía, que incluya el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), encargado de reprimir las protestas.
A diferencia de la mayoría de países, la policía en Colombia hace parte del Ministerio de Defensa y está estructurada —su capacitación, lenguaje y objetivos— para un contexto de conflicto armado contra un enemigo concreto: las guerrillas marxistas.
Duque dio un gesto en este sentido hace dos semanas: creó una justicia militar "con independencia financiera, administrativa y operacional" que no está bajo el mando del Ministerio de Defensa.
Sin embargo, la iniciativa fue recibida con críticas porque los miembros de la fuerza pública seguirán siendo juzgados por militares y dependerá del Ejecutivo.
Desde el punto de vista de los manifestantes, entonces, se espera una autoridad que no los trate de subversivos, sino como civiles con derechos democráticos, y que esté sujeta a mecanismos de sanción imparciales, rigurosos y eficientes.
3. Mejor implementación del proceso de paz
La búsqueda de un modelo económico y una policía distintos tiene que ver con la idea de un país nuevo.
La generación que lidera las protestas en las calles creció en un país en guerra, bajo los mantras polarizantes de la Guerra Fría; y hoy su mayor anhelo es que la política supere esos traumas del conflicto y permita, incluso a través de la protesta pacífica, hablar de temas como educación, derechos sociales y legalización de las drogas, entre otras cosas prohibidas en el debate en Colombia durante décadas.
Para eso, un primer gesto que los manifestantes esperan del gobierno es que implemente el acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016.
Duque defiende su política de paz, la cual tiene como principal apuesta el desarrollo productivo de las regiones más afectadas por el conflicto.
Sin embargo, sus críticos señalan que la pobre implementación del acuerdo ha generado el aumento de masacres, asesinatos de líderes sociales y desplazamientos masivos de gente en regiones remotas del país.
Toda una vuelta, al menos parcial, a los tiempos cruentos del pasado.
Una de las estrategias principales de Duque para luchar contra las guerrillas y los grupos armados que se financian del narcotráfico es reactivar las aspersiones con glifosato de cultivos de hoja de coca, interrumpidas en 2015 por recomendación de la Organización Mundial de Salud y tras múltiples protestas campesinas.
Y apenas el sábado el mandatario dio una muestra de su talante guerrerista al insistir en la importancia de los militares en el control de las protestas ciudadanas.
Que Duque quiera atender el conflicto armado con las mismas estrategias del pasado es, en ojos de un simpatizante del Paro, una prueba de que el uribismo, el movimiento al que pertenece el presidente, "no quiere pasar la página del conflicto porque le conviene para su discurso guerrerista".
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