Durante una de las movilizaciones llevadas a cabo el 26 de junio de 2002 fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. A 19 años de los hechos conocimos como Masacre de Avellaneda, familiares y compañeros de militancia impulsaron la realización de distintas actividades a lo largo del mes de junio, al que bautizaron “junio arde rojo”, y en especial durante esta última semana, considerando que mañana sábado se cumple el aniversario.
Si bien en ese entonces la difusión de imágenes fue elocuente, por lo que el papel de los fotógrafos aquel día fue determinante, las autoridades insistieron en la versión de que las muertes se debían a una interna piquetera, aunque nunca logró ser instalada. Por ello, más allá de las condenas a los autores materiales, los familiares siguen exigiendo el juzgamiento de los responsables políticos de la represión.
Las sentencias contra los agentes involucrados fueron comunicadas el 9 de enero de 2006. Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta fueron condenados a cadena perpetua, aunque la sentencia recién quedó firme en 2016. Los agentes Félix Vega, Carlos Quevedo, Mario De la Fuente, Gastón Sierra y Lorenzo Colman recibieron diversas penas por distintos grados de encubrimiento. A su vez, las familias de Darío y Maxi señalan a distintos funcionarios: Eduardo Duhalde y Felipe Solá, cabezas del Ejecutivo nacional y provincial; Jorge Vanossi, ministro de Justicia que impulsó la denuncia contra los movimientos piqueteros; Jorge Matzkin y Alfredo Atasanof, jefe de Gabinete de ministros y responsable de Interior respectivamente; Carlos Soria y Oscar Rodríguez, titulares de la Secretaría de Inteligencia; Juan José Álvarez, secretario de Seguridad y responsable del operativo, al que se suma Luis Genoud, responsable de la misma cartera pero en la provincia de Buenos Aires.
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