Por su parte, las defensas del exsecretario de Seguridad del Gobierno de Fernando De la Rúa, Enrique Mathov, y del exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos, pidieron anular las penas.
La querella por familiares de víctimas de la represión del 19 y 20 de
diciembre de 2001 reclamó este jueves a la Cámara Federal de Casación
que confirme las condenas al exsecretario de Seguridad del Gobierno de
Fernando De la Rúa, Enrique Mathov y al exjefe de la Policía Federal
Rubén Santos.
Por su parte, las defensas de ambos pidieron
anular las penas, al exponer en una audiencia virtual a través de la
plataforma Zoom que mantuvieron ante la Sala I del máximo tribunal penal
federal del país.
"Estos hechos están calificados como una
grave violación a los derechos humanos y debe haber una adecuada
proporción entre la pena fijada y la gravedad de los hechos", sostuvo el
abogado del CELS, Rodrigo Borda, querellante por los familiares de tres
fallecidos ese día y 25 heridos.
Mathov está condenado a 4 años y 3 meses de prisión efectiva y Santos a 3 años y 6 meses
por el homicidio culposo de tres fallecidos en las protestas que
precedieron a la renuncia del fallecido De la Rúa, Gastón Riva, Carlos
Almirón y Diego Lamagna.
En mayo de 2017, el Tribunal Oral Federal 6 condenó a Mathov a 4 años y
9 meses de prisión y a 4 años a Santos, pero estas penas se
recalcularon por orden de Casación.
Ahora los jueces Daniel
Petrone, Diego Barroetaveña y la jueza Angela Ledesma, quedaron en
condiciones de resolver si confirman los nuevos montos fijados.
Tanto Mathov como Santos asistieron a la audiencia virtual, al igual
que familiares de victimas y heridos durante la represión policial que
derivó en la renuncia de De la Rúa.
En la audiencia, el abogado
Borda, por la querella de familiares que representa el CELS, se opuso a
cualquier reducción de penas.
"Sin lugar a dudas pretender
bajar aún más la pena es un despropósito, perdón el énfasis, no puedo
evitar decirlo de manera menos enfática", dijo el abogado.
Además remarcó que "hace falta" que la Justicia "se pronuncie en forma definitiva" a casi 20 años de los hechos.
"Debe cumplirse con el objetivo de una sentencia definitiva en tiempo y
en forma, la defensa ya tuvo éxito en la impugnación de las penas, es
un circuito de impugnaciones para que nunca quede firme la pena",
evaluó.
El letrado sostuvo que la Justicia "no debe prestarse a este juego", y
que las víctimas y los familiares necesitan que este proceso se defina",
agregó el abogado al resaltar los "graves daños ocasionados a la salud"
de quienes padecieron la represión.
Borda habló de los muertos
y de los lesionados en la represión policial ese día y formuló un
interrogante ante los magistrados: "¿Bajarle más la pena a los acusados?
Me resulta difícil de explicar a las víctimas. Es como decirles que la
salud de ellas no valen o valen menos"
"Esta sentencia tiene
que ver con el valor que se le otorga a la vida perdida, las vidas de
Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos Almirón y la integridad física de
todos los heridos tiene valor.", concluyó
En algunos casos "el
daño es irremediable y no me refiero sólo a los homicidios , me refiero
también a las lesiones. No se puede seguir menospreciando ese valor con
penas aún más a la baja", afirmó.
La defensa de Mathov
A su turno, las defensas pidieron que se declare la nulidad de las
penas resueltas por el Tribunal Oral, o en todo caso, se reduzcan para
que sean de cumplimiento condicional y evitar que los exfuncionarios
queden presos.
En el caso del exSecretario de Seguridad, su
abogado Jorge Valerga Aráoz planteó además que el delito está prescripto
y le pidió a Casación posponer cualquier decisión hasta que pueda
manifestarse sobre este punto, a estudio todavía en el Tribunal Oral
Federal (TOF) Número 6.
La defensa de Mathov argumentó que la
"acción penal está extinguida" y solicitó "diferir el dictado del fallo
hasta que este incidente de prescripción esté en condiciones de ser
resuelto por este Tribunal".
El abogado pidió "invalidar" la sentencia que recalculó las penas de cumplimiento efectivo.
"Mathov actuó sin el conocimiento propio del dolo, fue un delito imprudente", agregó al remarcar que el ex funcionario "mantuvo su vida paralizada hace 20 años por esta acusación"
"Hace 20 años que está penando por este proceso" dijo
el abogado y pidió que "se tenga en cuenta la pena natural que ha
sufrido Mathov, estuvo preso seis meses , hace 20 años que pesan sobre
él restricciones patrimoniales, no puede salir del país,tiene que pedir
permiso".
El letrado sostuvo que su cliente "no fue libre en estos 20 años" y que "perdió su carrera política"
"Está sometido al constante escarnio público, es hostigado por medios
de comunicación masiva cada vez que se evoca el 20 de diciembre, padece
juicio civil, problemas de salud", acotó.
"El peso simbólico de
la condena tiene peso específico por sí mismo y ante este panorama" se
busca " enviarlo a la cárcel como pretende la acusación y como resolvió
el TOF 6", concluyó.
La defensa de Santos
La defensa de Santos, a cargo del abogado Adolfo Vázquez, remarcó que la condena no está firme y sostuvo que el ex jefe de la PFA "actuó convencido de estar actuando a derecho".
"No tuvo en cuenta el Tribunal Oral que los hechos se dieron en un
contexto único, sin precedentes del 20 de diciembre de 2001", acotó al
coincidir en que Santos también es víctima de una "pena natural porque
está sometido a proceso hace 20 años"
"Ya se ha castigado
bastante a Rubén Jorge Santos por cumplir su deber el 20 de diciembre de
2001", agregó al pedir a Casación que anule la pena e imponga al
acusado el mínimo legal previsto para evitar que quede preso.
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