Por Javier Ernesto Guardia Bosñak. En la República Argentina, entre el 24 de Marzo de 1976 y el 10 de Diciembre de 1983, hubo un plan sistemático para detener; secuestrar; torturar; asesinar y desaparecer personas. Este Plan fue diseñado por el imperialismo y ejecutado por el Estado Argentino, por entonces en manos de una Dictadura Cívico Militar cuyos cerebros financieros eran los Grupos Concentrados y cuyas torpes y descerebradas manos eran nuestras distintas Fuerzas Militares y Policiales. Fue Terrorismo de Estado, lisa y llanamente.
No fue ésta una conclusión a la que se llegara por una ambición mercantilista de unas cuantas viejas locas madres de subversivos o de políticos que encontraron un curro o un negocio en el tema de los DDHH (como se encargaron de instalar los Medios Hegemónicos, cómplices y grandes beneficiarios de la Dictadura). No lo fue.
Fue la Justicia (tanto Nacional como Internacional), la que investigó y recabó información y testimonios de sobrevivientes, de testigos y de familiares de víctimas; la que se apoyó en estudios científicos como los que hasta el día de hoy llevan adelante equipos como el del Camit Tucumán y la que dio garantías para que los Acusados pudieran defenderse y tener un Juicio justo, algo que nunca tuvieron las víctimas de aquel Genocidio.
En los diferentes Juicios que se llevaron a cabo, hablaron sobrevivientes; asesinos (intelectuales y materiales). Hablaron seres humanos que habían sido robados al nacer e impedidos de conocer su propia identidad, posteriormente recuperadas gracias a la tarea de Abuelas. Hablaron los huesos recuperados en el Pozo de Vargas y en las muchas fosas comunes identificadas a lo largo y ancho del País. Hablaron las aguas sobre las que caían las víctimas de los vuelos de la muerte.
Increíblemente, entre tanto hablar y tanto escarbar, nunca se recibió denuncia alguna por Militares Desaparecidos o por vástagos suyos robados al nacer. No hubieron huesos de militares en las fosas comunes, ni madres de éstos reclamando por sus vidas o por sus muertes. No hubieron familiares de militares despojados de tierras y casas, del mismo modo que nunca existió un solo caso de esas familias tildadas de "subversivas", que hubieran obtenido beneficios mega multimillonarios como sí sucedió con apellidos cómplices de la Dictadura, como Macri; Prat Gay; Fortabat; Noble; Magnetto; Blaquier; Rocca; etcétera.
El Juicio a las Juntas y las Megacausas contra los Genocidas Civiles y Militares, no fueron actos de demagogia de los Gobiernos de Raúl Alfonsín; el de Néstor Kirchner y los de Cristina Fernández de Kirchner, sino la decisión de un Estado de hacerse cargo de su propia historia para que no sea repetida y la exigencia de una Sociedad que quería y necesitaba conocer la verdad. No fue una tarea simple ni mucho menos, porque Alfonsín debió hacerlo con el aparato Represor en su contra aún intacto y con el Consenso de Washington dominando a pleno, mientras que Néstor y Cristina lo hicieron enfrentando el Poder de los Grupos Hegemónicos ya beneficiados con el primer ciclo Neoliberal de la Dictadura y consolidados con el segundo ciclo, impuesto por el Menemismo. Alfonsín; Néstor y Cristina pudieron hacerlo - sencillamente - porque tuvieron la decisión y porque hubo un Pueblo que apoyó y sostuvo esas decisiones.
Demasiados sólidos argumentos (históricos y jurídicos), como para permitir que un perverso y elitista sector de nuestra Sociedad, pretenda destruir nuestra Memoria Colectiva en pleno Siglo XXI, desvirtuando la verdad y borrando lo que la Justicia condenó. Son los mismos de siempre, que antes estaban callados ante la contundencia de las pruebas, pero que tuvieron en Mauricio Macri el pié para recomenzar con su "no verdad", porque fue con Macri con quien se comenzó a discutir de temas sobre los cuales la Sociedad Argentina ya no discutía, porque era un tema no discutible sobre el que había un Acuerdo Social eternizado en la frase NUNCA MÁS.
Hace un tiempo atrás, dedicado al silencioso y mal pagado y mal reconocido trabajo del Camit, escribí lo siguiente:
"La Memoria Colectiva es la que nos salva de los individuos desmemoriados; de los que pretenden una Justicia manipulada y la imposición de una Verdad tergiversada".
"Que el tiempo no nos borre la Memoria; que el cansancio no nos deje sin Justicia y que las nuevas generaciones conserven a la Verdad, como nuestro mayor tesoro".
Una Ley que penalice el Negacionismo sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última Dictadura Cívico Militar, es necesaria en forma urgente, porque la Sociedad jamás estará exenta de un Hitler; de un Pinochet; de un Videla; de un Bolsonaro; de un Macri; de una Bullrich o de un Milei. Es necesaria esta Ley, para garantizar que las nuevas generaciones sepan lo que realmente significó gritar - masivamente - NUNCA MÁS.

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